Dr. Roberto Betancourt A.
La crisis de los servicios públicos en numerosos países del Sur Global tiene causas más profundas que déficits financieros o deficiencias administrativas. Una de ellas es la histórica subestimación de las actividades locales de investigación y desarrollo (I+D) como fuerza estructural del Estado. Allí donde el suministro de agua potable colapsa, donde el sistema eléctrico se vuelve intermitente o donde las ciudades quedan atrapadas entre desechos, inundaciones y transporte deficiente, suele encontrarse un patrón recurrente: la planificación pública avanza sin incorporar de manera permanente y consistente las soluciones enunciadas por un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Sncti).
Algunos países, como China, han impulsado instituciones especializadas, como la Chinese Academy of Sciences (creada en 1949, cuenta con decenas de instituciones de investigación y 60.000 investigadores a dedicación exclusiva) para respaldar sectores estratégicos. Lo mismo se observa en India, donde se consolidaron redes técnicas, como el Council of Scientific and Industrial Research (fundado en 1952 y con el mayor portafolio de patentes del país) para resolver problemas industriales, energéticos y ambientales. Incluso los organismos internacionales han advertido que la sostenibilidad hídrica y energética depende cada vez más de las capacidades científicas permanentes y en menor medida de los operadores administrativos.
Por otro lado, muchos Estados continúan confundiendo educación con investigación. Aunque ambas actividades se relacionan, son lejos de equivalentes. La universidad existe, primordialmente, para formar profesionales y transmitir conocimiento. En nuestro país este subsistema tiene -al menos- dos leyes dedicadas a validar su rol. Si bien la investigación puede emerger dentro de ella, rara vez constituye su núcleo irreductible. Un centro de investigación, por otro lado, opera bajo la lógica de producir conocimiento nuevo, resolver incertidumbres técnicas, ensayar soluciones, medir riesgos y construir capacidades estratégicas de largo plazo. Se comunica con igual facilidad con la universidad que con la industria o el propio Gobierno. Lamentablemente, cuando un país cree que abrir carreras universitarias equivale automáticamente a fortalecer la I+D, termina generando un fenómeno peligroso que se traduce en la abundancia de títulos y la escasez de soluciones. Se gradúan ingenieros, pero fallan en desarrollar tecnologías propias; se forman especialistas, aunque persiste la dependencia externa para diagnosticar fallas eléctricas, optimizar redes de transporte o modelar sistemas hidráulicos.
Por consiguiente, los efectos de esa confusión son severos. La investigación requiere estabilidad institucional, financiamiento continuo, laboratorios, datos históricos, personal especializado, dedicado y horizontes temporales incompatibles con la inmediatez política. Un investigador que estudia corrosión en tuberías urbanas o estabilidad de redes eléctricas no puede producir resultados sólidos bajo ciclos improvisados de corto plazo. De allí que varios países hayan creado institutos separados de las universidades tradicionales. Alemania consolidó centros como Forschungszentrum Jülich para energía, supercomputación e infraestructura crítica; Cataluña impulsó el Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) para estudiar el ciclo integral del agua; mientras organismos multilaterales desarrollaron plataformas especializadas en agua, ambiente y salud pública.
Ahora bien, nuestro desafío va más allá de escoger entre universidades o centros de investigación. El verdadero reto es articularlos inteligentemente. Los servicios públicos demandan reconocer la validez e importancia del Sncti como herramienta capaz de observar continuamente la realidad local. Un país tropical necesita investigar sus propias lluvias, suelos, cuencas, materiales, hábitos urbanos y patrones de consumo energético. Importar soluciones concebidas para otras geografías suele producir infraestructuras costosas y poco resilientes.
Por ello, resulta indispensable reconocer el valor intrínseco de los institutos de investigación existentes, crear los necesarios orientados específicamente a agua, movilidad, residuos, telecomunicaciones y energía, vincularlos con universidades, industrias y gobiernos regionales. Corea del Sur avanzó precisamente mediante esa integración entre planificación estatal, investigación aplicada e industria tecnológica. China hizo lo propio con polos científicos asociados a prioridades nacionales concretas.
En definitiva, ningún servicio público moderno puede sostenerse únicamente con voluntad política o administración burocrática. La realidad del tiempo que vivimos exige Estados capaces de investigar sus propios problemas con-ciencia, con rigor técnico y continuidad histórica. Allí reside la diferencia entre gestionar emergencias y construir soberanía tecnológica para vivir bien.
* El autor es Presidente del Observatorio Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación
@betancourt_phd Fuente: https://ultimasnoticias.com.ve/opinion/servicios-publicos-y-con-ciencia/