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2 de febrero de 2021

Las tres guerras de la vacuna contra el coronavirus


La primera gran batalla geopolítica del Siglo XXI. El descubrimiento, la distribución y las licencias originaron enfrentamientos que están muy lejos de resolverse. La historia de espías, contratos oscuros, atrasos y mercado negro, donde la vacuna se vende entre 250 y 350 euros "con entrega garantizada en cualquier lugar del mundo".

 

Desde Paris, Francia. La vacuna contra la covid-19 dio lugar a dos guerras, y hay una tercera más agazapada en el horizonte: la primera fue por su descubrimiento; la segunda, en curso, por su distribución, y la tercera, por venir, concierne las licencias. Las dos primeras guerras dejaron a los países del sur relegados en los estantes de las buenas intenciones: Occidente compró el 90 de las dosis producidas por los laboratorios de Estados Unidos.

 

En la primera guerra, Estados Unidos, con los laboratorios Pfizer-BioNTech (BioNTech es alemán) y Moderna, Gran Bretaña y Suecia con la vacuna AstraZeneca/Oxford, China con las vacunas Sinopharm y Sinovac y Rusia con la vacuna Sputnik V fueron los actores que monopolizaron la escena.

 

La segunda guerra, la de la distribución, es un laberinto que se complica cada día. “El tema de la distribución se ha convertido en una auténtica encrucijada política”, afirma la politóloga Amandine Crespy. Esa guerra entre laboratorios y Estados por el suministro de las dosis necesarias es una disputa que ya tiene un nombre: “la diplomacia de la probeta”. Los Estados elaboraron una agenda que debía aplicarse en el terreno durante las campañas de vacunación, pero los laboratorios, principalmente Pfizer-BioNTech y AstraZeneca, regulan el abastecimiento según sus intereses, sin respetar sus compromisos.

 

Francia había calculado vacunar a cuatro millones de personas a finales de febrero de 2021, pero sólo poco más de dos millones de personas recibirán su dosis. Pfizer-BioNTech redujo el suministro en un 20% y AstraZeneca/Oxford lo hizo en una escala muy superior. El laboratorio británico-sueco ya anunció que apenas suministrará una cuarta parte de los 400 millones de dosis destinadas a la Unión Europea, de las cuales 100 millones durante el primer trimestre. El contrato fue firmado en agosto de 2020 entre los británicos y la Comisión de Bruselas e incluía el pago de 365 millones de euros.

 

La vacuna AstraZeneca/Oxford presentaba la mejor opción. Su producción es menos costosa y, también, es más fácil de conservar y transportar. La fórmula Pfizer/BioNTech requiere que sea mantenida a temperaturas muy baja (70 grados bajo cero). La comisaria europea de la Salud, Stella Kyriakides, acusa a los británicos de incorrección: ”la idea según la cual la empresa podría saltarse sus compromisos no es ni correcta, ni aceptable”, dijo Stella Kyriakides. Pascal Soriot, el presidente del grupo del Reino Unido, alega que “Londres había estipulado que el abastecimiento preveniente de la planta británica sería destinado, primero, al Reino Unido”.

 

Con 32 millones de personas infectadas y más de 700.000 muertos, la región de Europa hizo una apuesta doble: para empezar, optó por la primera vacuna disponible y autorizada (Pfizer-BioNTech), luego por Moderna y después, antes de que la UE la aprobara, la de AstraZeneca/Oxford, más económica y más fácil de distribuir. Recién el viernes 29 de enero de 2021 la Agencia Europea del Medicamento (EMA) autorizó la fórmula de AstraZeneca.

 

La vacuna rusa Sputnik V y las dos chinas no circulan en los países de la Unión Europea. Sólo un país miembro, Hungría, autorizó la vacuna rusa Sputnik V y la del laboratorio chino Sinopharm. En esta batalla por la distribución se esbozan claramente las líneas de las fracturas que dividen al mundo. Por un lado, los países de Occidente se vuelcan exclusivamente a sus vacunas y se apoderan de ellas a fuerza de millones de dólares. Por el otro, China y Rusia compiten con las potencias de Occidente. Pascal Boniface, director del Instituto francés de Relaciones Internacionales y estratégicas (IRIS) señala que “en esta rivalidad estratégica se nota muy bien que emana un perfume de Guerra fría”.

 

La Argentina percibió muy temprano esa trama e hizo un gesto lleno de significados. El presidente Alberto Fernández fue el primer jefe de Estado de América Latina que se vacunó con la vacuna rusa Sputnik V producida por el laboratorio ruso Gamaleya luego de que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) autorizara uso para mayores de 60 años.

 

La geopolítica de la vacuna esconde, en su frenética carrera, una disputa por el poder mundial, el abandono de los países del sur y una falencia muy profunda: Primero, aparece como la primera gran batalla geopolítica del Siglo XXI implicando a los bloques de poder. Segundo, ¿por qué fueron los laboratorios privados quienes concentraron la potestad de la producción, el abastecimiento, así como los beneficios de las patentes y no, como debió ser ante una pandemia global que movilizó a la ciencia de todos los continentes, una alianza mundial que, una vez descubierta la vacuna, habría ofrecido la licencia para que se produjera libremente? La incoherencia es tanto más drástica cuanto que la investigación, la producción y la distribución fueron financiadas con fondos públicos. Tercero, las potencias de Occidente acapararon sin vergüenza la producción mundial.

 

En 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS) puso en marcha el mecanismo Covax para que todo el planeta accediera a la vacuna en condiciones de igualdad (700 millones de dosis para 92 países), pero, al final, fueron los intereses privados y nacionales los que prevalecieron. La investigación médica mutó con el virus en una contienda geopolítica mayor. Solo el laboratorio Moderna confirmó que no haría valer sus patentes relacionadas con las vacunas contra la covid-19 durante la pandemia ante “aquellos que fabriquen vacunas destinadas a combatir la pandemia”, según indicó la compañía. En 2020, el presidente francés, Emmanuel Macron, expresó su deseo de que la vacuna anti covid-19 fuese “un bien público mundial”. Pero la vacuna es todo menos un bien público. Es un tesoro reservado a las potencias.

 

El pasado 26 de enero, en Davos, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, fustigó el egoísmo occidental: “Los países ricos compraron grandes cantidades de vacunas, incluso en volúmenes superiores a los de su población, con la meta de acumular esas vacunas, y ello en detrimento de otros países del mundo que también las necesitan mucho”. La denuncia del mandatario repercute en una cifra: la Unión Europea encargó 2,3 mil millones de dosis para sus 450 millones de habitantes. Comparativamente, África entera reservó 870 millones de vacunas para una población de 1,3 mil millones de habitantes. La igualdad ante la vacuna es un fracaso moral absoluto. El director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aclaró que “el nacionalismo vacunal puede servir los objetivos políticos a corto plazo, pero a cada nación le conviene económicamente y a mediano plazo respaldar la equidad de las vacunas”. La diplomacia agresiva del frasquito tiene un costo faraónico. Según un estudio de la Cámara Internacional de Comercio, el nacionalismo vacunal podría costar hasta 9,2 mil millones de euros a la economía mundial. Pascal Boniface resalta que en toda esta historia “no es el multilateralismo promovido por la OMS el que gana, sino, más bien, el sálvese quien pueda. La línea Norte / Sur es muy evidente. Todo esto dejará huellas y rencores en los países del sur”.

 

Las ONG exigen desde el principio de la pandemia y de las investigaciones científicas que los monopolios farmacéuticos renuncien a los beneficios de las licencias o patentes de la vacuna. La iniciativa la activaron India y África del Sur y fue respaldada por Amnesty International, Frontline Aids, Global Justice Now, Oxfam y Médicos sin fronteras. Todos plantean que el monopolio que ejercen los laboratorios sobre la propiedad intelectual de las patentes se suspenda durante la fase de la pandemia. Los laboratorios rehúsan suspender temporalmente las patentes con el argumento de que fue la propiedad intelectual la que potenció las investigaciones y, por consiguiente, el descubrimiento de la vacuna contra la covid-19. El argumento es falso. Como lo recuerda Médicos sin Fronteras “en realidad, han sido los recursos estatales y la financiación filantrópica los principales impulsores de los esfuerzos de investigación sin precedentes”.

 

En este contexto, por ejemplo, Estados Unidos contribuyó con 2. 000 millones de dólares. Julia Heres García, la responsable de Oxfam, resume el abismo ante el que están parados los países en desarrollo: ”las capacidades de producción actuales y la captura que llevaron a cabo los países ricos implica que pocos países pobres o endeudados tendrán acceso a la vacunación durante 2021”.

 

La financiación pública y la contribución de decenas de miles de médicos, científicos, enfermeras, enfermeros y pacientes todo el mundo ha sido la clave en esta proeza científica que permitió que en menos de un año se dispusiera de un antídoto cuando una empresa semejante necesita una década. En Europa, el grupo «Pas de profits sur la pandémie» (Sin beneficios con la pandemia) lanzó una petición con vistas a que la Comisión Europea haga lo necesario para que los tratamientos contra la pandemia “sean un bien público mundial, accesible a todos”. La Comisión actuó al revés: negoció contratos millonarios con seis laboratorios que aún hoy están cubiertos por una “cláusula de confidencialidad”.

 

Por ahora, el nacionalismo vacunal, la diplomacia de la probeta y la guerra entre Estados y laboratorios ha paralizado esa posibilidad. Sólo China parece haber cumplido con su compromiso inicial, incluso si la eficacia absoluta de su fórmula aún no está completamente probada. La competencia por el soft-power la ganó incontestablemente Pekín. El 18 de mayo de 2020, durante la Asamblea Mundial de la salud, el presidente chino, Xi Jinping, dijo que la vocación de las vacunas elaboradas en China era ser “un bien público mundial”. Antoine Bondaz, investigador en la Fundación para la investigación estratégica (FRS), explica aquí que “en la diplomacia de la vacuna, China cuenta con muchas cosas a favor: varias vacunas, una capacidad de producción importantísima y una prioridad muy transparente: suministrar rápidamente la vacuna a los países en vías de desarrollo”. Queda pendiente una esperanza: que otros laboratorios y países descubran más vacunas y que ello abra el corazón de los mezquinos y compartan los conocimientos y las licencias.

 

La farmacéutica estadounidense Johnson & Johnson anunció que su vacuna de una sola dosis alcanza una eficacia del 66%. Otros países prestigiosos o centros de investigación con los que se contaba se quedaron sorprendentemente fuera de juego. Es el caso de Francia y la pareja formada por el Instituto Pasteur y la multinacional Sanofi, cuyo presidente había dicho que su vacuna estaba destinada “al mejor postor”. Sanofi se durmió al borde de la ruta y las investigaciones del Instituto Pasteur no prosperaron.

 

En este enredo monumental que comenzó en 2020 con el caótico y vergonzoso episodio de la guerra por las máscaras entre potencias occidentales, la Argentina adoptó un perfil ecuménico: hizo acuerdos con todos sin cerrar la puerta a ninguno ni meterse en pesadillas o conjuras geopolíticas.

 

El 28 de diciembre de 2020, luego de recibir 300.000 unidades de la vacuna Sputnik V, la Argentina pasó a ser el primer país de América Latina en llevar a cabo una campaña de vacunación masiva y simultánea en todo su territorio. Dos días después, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica argentina (ANMAT) aprobó la vacuna de la Universidad de Oxford y la empresa AstraZeneca. Buenos Aires fue así el segundo país del mundo (después del Reino Unido) en introducir esa fórmula.

 

La Argentina también participó en pruebas de voluntarios de la fase 3 de la vacuna de Pfizer/BioNTech, así como en la del grupo chino Sinopharm, con el cual llegó a un acuerdo para el abastecimiento de 1 millón de dosis a fines de enero. Buenos Aires se aseguró también 9 millones de dosis prevenientes del mecanismo de compra colectiva desarrollado por la OMS, el Covax (finales de febrero).

 

Simultáneamente, el Estado, a través del Conicet y la Universidad Nacional de San Martín, respaldó el desarrollo de la vacuna argentina (hay otra en curso en la Universidad Nacional del Litoral). El presidente Alberto Fernández no se cerró a ninguna opción y acabó integrando como solución nacional las ofertas por donde circulan las fisuras que fraccionan al mundo en ejes de poder y antagonismos: Estados Unidos, Rusia, China, Europa. La vacuna para vencer a la epidemia está lejos de ser “un bien común” de la humanidad. Su gestación y suministro contienen, más bien, los rasgos comunes de la condición humana: la guerra, el egoísmo, el deseo de sacar beneficios y la indolencia ante el sufrimiento de los prójimos.

 

Espías, contratos oscuros, atrasos y mercado negro

 

A la Agencia Europea de Medicamentos le robaron datos sobre la evaluación de la vacuna Pfizer/BioNTech y las posteriores negociaciones que luego aparecieron difundidos en el Dark Web. Son, en total, 20 elementos y 19 correos electrónicos intercambiados entre el 10 y el 25 de noviembre cuya lectura constituye una demostración contundente sobre las presiones a las que fueron sometidos los miembros de la AME para aprobar la distribución de esa vacuna.

 

El 19 de noviembre, en un correo con un miembro de la Agencia dinamarquesa de los medicamentos, un responsable de la Agencia Europea se dice “sorprendido” de que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, haya “identificado con claridad las dos vacunas que podrían ser aprobadas antes de fin de año (se trata de Pfizer-BioNTech y Moderna) cuando todavía hay problemas con ambas”. Esos “problemas” aparecen planteados en otro correo, donde la AME expones “tres objeciones mayores”: varias plantas de producción no habían sido aún examinadas, faltaban datos sobre los lotes comerciales de la vacuna y, sobre todo, los datos de que se disponía mostraban diferencias cualitativas entre los lotes comerciales y los que se habían utilizado durante los ensayos clínicos.

 

Esa fue, durante varios días, la principal preocupación de los evaluadores de la Agencia porque el porcentaje de ARN íntegro era inferior al que se constató en las pruebas clínicas. Los lotes comerciales contenían un promedio de 51% a 59% de ARN contra 69% y 81% para los otros. La agencia juzgó que se trataba de “un punto de bloqueo” (23 de noviembre). El ARN es el elemento clave de la vacuna porque, una vez inyectada, el ARN fabrica la proteína Spike del virus con la cual el sistema inmunitario reconoce el componente patógeno y lo neutraliza.

 

El 26 de noviembre, Pfizer y BioNTech aclararon varios puntos en duda y prometieron aumentar la integridad del ARN a un 60% en las primeras producciones de la vacuna. Sin embargo, el 30 de noviembre, la EMA insiste con sus dudas y escribe que “esos problemas son considerados como críticos”. Al final, el 21 de diciembre, la Agencia Europea de Medicamentos dio el visto bueno a la fórmula Pfizer/BioNTech. La autorización intervino tres semanas después de la otorgada por Estados Unidos, Gran Bretaña y Canadá, un plazo que la Comisión Europea juzgó “inadmisible”. Interpelada por el vespertino Le Monde sobre esos “problemas críticos”, la agencia respondió que “la empresa (el laboratorio) pudo resolver esos problemas y suministrar las informaciones y los datos necesarios para que la EMA evolucionara hacia una recomendación positiva de la vacuna”. ¿Y quién robó los datos? Algunos culpan a Rusia, otros a grupos industriales adversos. Los documentos difundidos en el Dark Web llevan un título muy simbólico: "pruebas sobre la gran estafa de los datos de las vacunas de Pfizer”.

 

Lo cierto es que la rápida autorización para que la vacuna Pfizer/BioNTech ingresara en los países de la Unión Europea condujo a otro enorme problema: la demora en la entrega de las dosis prometidas y la aparición de un mercado negro.

 

El 15 de enero de 2021, Pfizer/BioNTech anunció que, a raíz de una serie de obras que debía realizar en su planta belga situada en Puurs para mejorar la producción, no estaba en condiciones de cumplir con el calendario fijado. El golpe fue doble: en primer lugar, la campaña inicial de vacunación prevista en la Unión Europea no se cumplirá en los plazos establecidos; en segundo, como la vacuna Pfizer-BioNTech requiere dos inyecciones con un intervalo de cuatro semanas, no es seguro que esta segunda fase pueda cumplirse. ”Falta de claridad y de seguridad”, ”golpe a la credibilidad”, la Comisión europea y varios países reaccionaron con tono fuerte. La UE se quedó renga.

 

En total, la Comisión de Bruselas firmó contrato con seis laboratorios para garantizarse los 2,3 mil millones de dosis: Pfizer-BioNTech, Moderna, CureVac, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sanofi-GSK. Solo tres fueron autorizados hasta hoy, es decir, Pfizer-BioNTech, Moderna y AstraZeneca. Pagó por ello 2,1 mil millones de euros. Sin embargo, salvo uno, el del laboratorio alemán CureVac, las condiciones efectivas de los otros 5 contratos permanecen en la sombra. Incluso en el contrato con CureVac persisten agujeros negros. El diputado europeo Pascal Canfin comentó: ”hay preguntas claves sin respuesta. Hay parágrafos enteros tachados o ilegibles”. Ni siquiera se conoce el precio negociado por la Comisión Europea. Las condiciones de “confidencialidad” impiden que se conozca la verdad de un paquete de contratos que la Comisión negoció… en nombre de los 27 países de la UE. El método no ha hecho más que aumentar la desconfianza de la sociedad frente los laboratorios, la vacuna y la dirigencia política. Mandan los laboratorios y no el poder político.

 

La otra consecuencia ha sido la aparición de un mercado negro de la vacuna. Página/12 consultó los portales internet del Dark Web donde la vacuna se vende entre 250 y 350 euros “con entrega garantizada en cualquier lugar del mundo”. La propuesta es imposible: la vacuna Pfizer-BioNTech necesita conservarse a 70 grados bajo cero, una condición imposible de respetar si la vacuna se envía por correo. Jürgen Stock, el secretario general de Interpol, reconoció que “las organizaciones criminales proyectan infiltrar y perturbar el circuito de abastecimiento”. Hay otras estafas más inocentes. En el Aeropuerto de París Roissy-Charles-de-Gaulle se pueden comprar por un monto que oscila entre los 150 y los 300 euros falsos certificados de PCR negativos. Lo peor del ser humano goza de muy buena salud.

 

Por: Eduardo Febbro, efebbro@pagina12.com.ar

Fuente: Página 12, Argentina

En: https://www.pagina12.com.ar/320764-las-tres-guerras-de-la-vacuna-contra-el-coronavirus

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